El Ministerio de Trabajo ha remitido al Gobierno canario un informe en el que expresa su oposición al expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por el Ayuntamiento de Gáldar y advierte de que lo impugnará, incluso en el caso de que se apruebe con el acuerdo de la plantilla.
El equipo de gobierno de Gáldar anunció en septiembre un ERE con el que pretende despedir a 54 empleados municipales y suspender temporalmente los contratos de otros 87, una medida con la que espera ahorrar cuatro millones de euros y aliviar su difícil situación económica del Consistorio.
En un informe difundido este viernes por el comité de empresa del Ayuntamiento grancanario, la Dirección Provincial del Ministerio de Trabajo en Las Palmas subraya que
solo las entidades privadas con ánimo de lucro pueden acogerse a las causas previstas en la ley para presentar un ERE.
"Los mecanismos de regulación de empleo de suspensión de contratos por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas están destinadas al ámbito empresarial y no son trasladables a la esfera de las administraciones públicas", argumenta Trabajo, que recuerda que la Abogacía del Estado mantiene el mismo criterio.
La representación provincial del Ministerio subraya, además, que las administraciones deben planificar la financiación de los servicios públicos,
"resultando incompatible con los mismos la disminución temporal de los servicios a prestar en función del volumen de ingresos previstos".
"Las correcciones de las desviaciones de ingresos y gastos en el ámbito de las administraciones públicas deben efectuarse en el marco de la disciplina presupuestaria, lo que no es asimilable a un resultado de explotación de una entidad mercantil", añade.
El Ministerio de Trabajo hace estas consideraciones en un informe que remitió a finales de septiembre a la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias, sobre la que recae la competencia de autorizar o rechazar el ERE promovido por el Ayuntamiento de Gáldar.
El portavoz de CCOO en el comité de empresa, Javier Godoy, se ha felicitado por esta postura del Ministerio de Trabajo, porque -recuerda- las administraciones públicas no buscan un lucro en su actividad, sino que, sencillamente, están dando un servicio a los ciudadanos y por eso son entidades deficitarias.
"Hemos puesto encima de la mesa que queremos realizar un plan de viabilidad económica del Consistorio, así como otro de reordenación de los recursos humanos, que digan la realidad que vive en la actualidad el Ayuntamiento,", ha destacado.
Javier Godoy ha asegurado que, si el equipo de gobierno municipal aceptara su propuesta, se abriría "una vía de negociación para establecer un marco que nos ayude a salir del paréntesis en el que está metida ahora la Corporación galdense".
En su opinión, el plan de viabilidad tiene que hacerse con las cifras económicas reales, "porque las que están encima de la mesa son inciertas, ya que se contradicen unas y con otras".
"Eso nos facilitaría la realización de otro plan con los recursos humanos, servicio por servicio, concejalía por concejalía, residencias y guarderías, y veríamos el número de trabajadores efectivos y las cargas de trabajo que hay, lo que permitiría reordenar la plantilla municipal", ha abundado.
Godoy ha resaltado que, "cuando se vea todo eso, se podría saber si el Ayuntamiento tiene razón, pero da la sensación de que cuando se ocultan los datos es porque saben perfectamente que lo que ponen sobre la mesa es una cosa y la realidad es otra totalmente distinta".
FUENTE:
Canarias7
